
Para nadie es novedad que nos encontramos en medio de una grave crisis económica que afecta a todo el mundo y que América Latina no es ajena a ella. La crisis ha frenado bruscamente más de cinco años de crecimiento sostenido en la región y sus efectos se han sentido, aunque de distintas formas entre los países.
Mientras la recesión mundial ha socavado el ritmo del crecimiento económico y la reducción de la pobreza, existe un amplio consenso de que, una vez que la economía mundial se haya recuperado, América Latina no podrá volver a crecer de forma sostenida si no se toman medidas profundas para combatir las fuentes de exclusión y desigualdad, que afectan estructuralmente a la población.
La región sigue mostrando una concentración de la riqueza y brechas socioeconómicas que se expresan en diferencias inequitativas en los riesgos y acceso a los servicios de salud.
En la mayor parte de las constituciones políticas se consagra la salud como un derecho para todos los ciudadanos. Sin embargo, en la práctica existen brechas entre lo declarado legalmente y la cobertura efectiva de servicios.
Las reformas estructurales, emprendidas por América Latina durante las últimas décadas, en las que las economías se orientaron a la apertura y la desregulación de los mercados, han generado una mayor precariedad e informalidad de las fuentes laborales, teniendo como consecuencia que un número considerable de trabajadores y sus respectivas familias, hayan perdido la protección que las instituciones de seguridad social les entregaba, accediendo a servicios de menor calidad y cobertura y, muchas veces, con altos gastos de bolsillo, situación que los deja en una situación de mayor exclusión.
Al mismo tiempo, se sabe que los principales desafíos sociales del continente no se resuelven sólo con un mayor crecimiento económico, sino que es imperativa una responsabilidad activa del Estado en materia social, garantizando oportunidades de inclusión a todos sus habitantes. El Estado debe garantizar a cada ciudadano el bienestar y la calidad de vida, asegurando una cobertura universal de las necesidades esenciales, como es la salud, independientemente de la capacidad de pago o de la situación laboral de cada uno.
Por lo tanto, se hace necesario que se transite desde la mirada tradicional de la pobreza y la exclusión social hacia un enfoque centrado en la protección social, en la que se implementen y desarrollen políticas y programas, como también, se busquen mecanismos e instrumentos destinados a reducir las brechas y desigualdades y que garanticen a los ciudadanos una satisfacción básica de sus necesidades.
En este contexto, y con el fin de asegurar que las crisis financieras y económicas globales no minen esas aspiraciones, durante el último tiempo, se ha comenzado a desarrollar un proceso de revisión de las políticas públicas, teniendo en perspectiva la construcción de sociedades más inclusivas, justas y democráticas.
Este Seminario-Taller, que se desarrollará en Viña del Mar, Chile, entre los días 1 y 3 de septiembre del presente año, busca ser una instancia de presentación y discusión de las experiencias de los organismos de seguridad social en salud de los países de la región, respecto a las siguientes áreas temáticas:
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